*A través de la eliminación de lo expuesto en el artículo 19 constitucional.
LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria de Gobernación.
POR: Carlos Pozos (LORD MOLÉCULA)
Martes 16 de abril, 2024
Eliminar la prisión preventiva como pretende la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representaría dejar libres a 68 mil delincuentes, de ahí que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde emitió un enérgico llamado al Poder Judicial para que en lugar de
eliminar la prisión preventiva, se dedique a abatir la tardanza en la resolución de sus asuntos judiciales, que llevan a muchos mexicanos a pasar años, incluso décadas tras las rejas sin ser sentenciados.
El exhorto de la titular de Gobernación fue en el sentido de no suprimir la prisión preventiva oficiosa: pues de lo contrario quedarían libres alrededor de 68 mil presuntos delincuentes: “Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en facultades, considerar las graves consecuencias que tendría para la seguridad nacional y valores”, expuso.
Lo cierto es que la Corte está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional, con lo que los jueces a nivel nacional no aplicarían la llamada prisión preventiva de oficio.
Cabe aclarar que esta propuesta se generó a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se pronuncia porque México elimine la prisión preventiva.
“Esta resolución obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente como México debe actuar”, explicó Alcalde.
“No solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que significa para la paz y la seguridad. El viernes pasado, desde el gabinete de seguridad enviamos una carta para plantear preocupaciones”, indicó.
La titular de Gobernación dijo que con este medida se liberarán a 68 mil presuntos delincuentes que se encuentran en dicha condición, por lo que 11 mil 640 presuntos homicidas regresarán a las calles, 7 mil 150 secuestradores volverán a las andadas, lo mismo que 5 mil 617 violadores, 4 mil 13 de narcotraficantes, mil 405 de feminicidas, mil 273 abusadores o traficantes de menores y 405 integrantes de la delincuencia organizada; siendo en el estado de México donde más delincuentes serían liberados.
“La liberación de estas personas pondría en riesgo a testigos y víctimas que son las personas que los han acusado, por supuesto personal, policías, fiscalías, los juzgadores. Vemos riesgo a población en su conjunto ante la posibilidad de comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional”, ya que se trata de personas asociados al crimen que cuentan con capacidad económica, operativa.
Acatar esta recomendación, dijo Alcalde, vulneraría la soberanía nacional, pues la existencia de organismos internacionales no implica violar el derecho de los Estados a autodeterminarse.
“Ningún estado gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, régimen político o forma de gobierno, hacerlo sería un acto inadmisible. A quién le toca defender la Constitución es a la Corte”, sentenció, pues la Cámaras de Diputados y Senadores, son los únicos que tienen la facultad para eliminar o reformarla, de ahí que la SCJN se “asumiría como el gran poder de los poderes” y tendría manga ancha para la corrupción.
Amigos, Amigas los invito a leer mi columna de hoy, en “LOS POZOS DE CARLOS POZOS”, titulada: “Sangre en la política mexicana”. Les agradezco por el tiempo para su lectura. ¡Abrazos y no balazos!
