Seguridad Nacional
Dr. Jorge A. Lumbreras Castro.
La democracia electoral se agotó en México y en el mundo hace veinte años. Decirle a la ciudadanía que su gran derecho consiste en elegir un gerente cada cuatro, cinco o seis años dejó de ser una fórmula eficaz para el orden político, económico y financiero local y global. La narrativa triunfante en la década de los noventa del siglo XX abrazó la democracia electoral e instrumental, pero hizo a un lado a la democracia que genera a posibilidades, proyecciones, imaginación política y sentido social. En otros términos, es una ficción creer que con ir a votar se va a mantener la legitimidad de un orden económico que genera desigualdad, lejos de eso, los indicadores sobre democracia muestran una larga crisis de confianza, legitimación y credibilidad.
La crisis del liberalismo democrático no tiene que ver con los avances en la libertades públicas, el reconocimiento y participación de la minorías, los procesos confiables de elección pública, ni con asumir las realidades de sociedades complejas y diferenciadas, en cambio, tiene que ver con un concepto y una práctica limitada de la democracia, la cual suma derechos pero en la práctica se ve imposibilitada para cumplirlos. México es pionero en la filosofía, en la ideología, en la teoría y en el derecho constitucional de carácter social. Si algo soportó el desarrollo del Estado moderno mexicano fueron las aproximaciones jurídicas, ideológicas e institucionales que materializaron políticas tendentes a la igualdad y la justicia social.
En la vida política de los últimos 25 años fue paradójico que poco se hablara de justicia social. En el Estado que promulgó la primer constitución social del siglo XX se abandonaron las narrativas de la justicia, de la igualdad y de la asistencia a quienes más lo necesitan. La justicia social como concepto llegó a percibirse como un anacronismo, como algo viejo y desgastado de lo que era mejor no hablar; sin embargo, la justicia social fue el vértice de la construcción del Estado mexicano moderno, lo mismo que el constitucionalismo social y la democracia social. Es un despropósito mantener la narrativa de una democracia electoral e instrumental como ruta de salida a las contradicciones sociales que se viven en el país.
El problema de fondo para la democracia en México radica en la capacidad de las fuerzas políticas que se articulan en los partidos para establecer consensos básicos sobre el papel del Estado en sociedad y sobre cómo alcanzar los objetivos nacionales que establece la Constitución. El proceso de modernización del Estado mexicano se extravió en la década de los noventa, se erosionaron los moldes de legitimidad de las políticas sociales y se pensó que bastarían las políticas de libertad de mercado, la racionalidad en las políticas públicas y la desregulación interna de la economía para generar una democracia incremental, esto no sucedió.
Debe destacarse que el problema tampoco se localiza en la racionalidad de las políticas públicas, en establecer condiciones claras de mercado, en reducir los costos de transacción económica ni en contar con instituciones electorales sólidas, la cuestión de fondo está en la forma que la economía global se conduce a nivel mundial y sus efectos para los países con menores capacidades para insertarse en altas condiciones de competitividad y en la globalización. Del mismo modo, la distribución de los beneficios dista de ser justa y la acumulación de contradicciones se le endosa al Estado, mientras el mundo de lo privado opera al margen de condiciones jurídicas e institucionales robustas de responsabilidad social.
Lo mismo sucede al interior de la mayoría de los países porque diversas y reconocidas oligarquías económicas se levantaron sobre las ruinas de la democracia instrumental e impusieron condiciones a las mayorías sociales. Lo que terminó por radicalizar esta situación es que los dueños de los capitales y de los mercados evadieron asumir mayores responsabilidades e incluso emplearon su poder e inteligencia para no pagar impuestos, para obtener beneficios de los recursos públicos y para colocar en puestos clave a sus empleados, lo anterior, además de constituir un problema de desigualdad muestra el núcleo de una grave y profunda crisis ética.
La justicia social, el compromiso con los más desfavorecidos, la solidaridad, las leyes que dan más derechos a quienes viven con más desventajas, así como la distribución que busca ser justa sobre las tareas y los beneficios sociales en un régimen de libertades y derechos humanos, es un conjunto que se llama justicia social, democracia social o constitucionalismo social, socialismo democrático, democracia popular o democracia cristiana.
Pero en México, donde se construyeron varios de los conceptos de justicia social fue donde se les abandonó en la práctica política, hasta que al paso de décadas regresaron al escenario y al vértice de la política nacional, es singular que algunos de estos conceptos sean poco reconocidos en el mismo país que los inventó, les dio contenido y los llevó a la práctica.
La mitad de la población tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más de 36 millones de niños y jóvenes asisten a la educación pública nacional, el 97 por ciento de la ciudadanía tiene acceso a los servicios básicos de salud, otros sectores de la población tienen la seguridad social que otorgan PEMEX, CFE, ISSFAM e ISSSTE, así como los sistemas estatales de seguridad social de las universidades. La lista podría continuar por lo que hace a infraestructura social básica, esto es, agua, luz, drenaje y alcantarillado y proseguir por carreteras, puertos y otras plataformas públicas del desarrollo social como son los recursos para el campo, los programas sociales que reciben millones de familias y demás apoyos a productores, pueblos indígenas y diversos grupos sociales.
Lo anterior, que apenas son pinceladas de lo que el Estado mexicano construyó en sólo unas décadas, muestra que es posible la justicia social, que la democracia social debe profundizarse en nuestro país, que habrían de actualizarse los principios solidarios sobre los que construyó la equidad en la República, y concertar entre todas las fuerzas políticas un piso ético e institucional de derechos para cada persona. La democracia instrumental no funcionó, ni podrá funcionar, en un país tan diverso y complejo donde se dan cita múltiples desigualdades.
El vamos a votar para que todo sigue igual es improbable. Son tiempos para la política en democracia, para las libertades y para entender que la democracia social inicia con el voto, pero no se agota con el voto, en cambio, se proyecta al diseño social del Estado, a las políticas de inclusión, a las plataformas de salud, educación, asistencia social, programas sociales e infraestructura básica, al apoyo a emprendedores y a la transferencia de recursos para los pueblos y comunidades indígenas. La dimensión social del Estado logró permanecer, sin embargo, es necesario perfeccionar lo que nos queda y concretar lo que hace falta, para ello se necesita la política que facilita el capital social, construye ciudadanía y edifica instituciones justas.
