Seguridad Nacional
Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos que se ubica en Ayotzinapa en el estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014, es un delito de lesa humanidad. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas lo define el siguiente modo “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona (…)”.
Durante ocho años autoridades, madres y padres de familia, organizaciones sociales, periodistas y organizaciones internacionales investigaron la desaparición, sin embargo, a la fecha no existe un acuerdo sobre lo que sucedió en la noche de Iguala ni durante los días o quizá semanas subsecuentes. En cambio, desde que se dio a conocer la llamada “verdad histórica” del caso, se surgieron procesos convergentes sobre la desaparición, a saber: a) la politización del caso por parte de mútiples actores, organizaciones y partidos políticos; b) la disputa por la narrativa sobre lo que acontenció en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 septiembre; c) el rechazo sistemático a los avances de las autoridades sobre el caso; d) la desconfianza en las investigaciones y resoluciones de las instancias de procuración e impartición de justicia; e) múltiples interpretaciones sobre los motivos, hechos y circunstancias de las desapariciones; f) la evidente participación de autoridades locales en la desaparición forzada de los estudiantes; g) la constante de buscar por parte de los actores involucrados mayores responsables por hechos, inferencias, especulaciones o suposiciones.
De los hechos de Iguala se conoce mucho y a la vez poco, mucho porque miles de páginas y tomos de investigaciones se acumularon sobre las primeras 72 horas y poco, porque los padres de familia, los investigadores independientes, las fiscalías y los periodistas han mantenido posiciones distintas, expectativas diferentes e interpretaciones disímbolas que terminaron por generar confusiones en la opinión pública, en todo caso, pareciera que la verdad jurídica aún está por escribirse y la histórica lejos y pendiente.
Hoy escribir sobre Ayotzinapa equivale a encontrar opiniones diversas, enfrentarse a miles de páginas con datos y referencias, y libros que señalan a unos y a otros, todo a partir de un hecho sustancial, no se tiene acceso al voluminoso expediente del caso y de tenerlo llevaría meses conocerlo y analizarlo otro tanto.
Además, es necesario considerar por lo menos a tres instancias que conocen sobre el trágico episodio: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, creada por decreto presidencial en diciembre del año 2018, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), que se creó en la actual administración al seno de la Fiscalía General de la República (FGR) en junio del año 2019. El Gobierno Federal estableció las condiciones institucionales para que todos los involucrados avanzaran en esclarecer el caso: una comisión, una fiscalía y el reconocimiento a la participación de un grupo de expertos independientes, además de todas las instancias nacionales e internacionales involucradas.
En ese marco, cada vez que apareció un nuevo indicio, dato o posible responsabilidad, se activaron debates juridicos, institucionales, políticos y de opinión periodística, aparecieron desde quienes han dado seguimiento al caso por años, hasta quienes emitieron una opinion en la coyuntura.
Un nuevo capítulo sobre el caso Ayotzinapa se escribió en este año 2022, inició con las acusaciones públicas por parte de la Presidencia de la Comisión para el caso Ayotzinapa contra cuatro militares como probables partícipes de la desaparición de los estudiantes, prosiguió con la renuncia del Fiscal del caso, y quedó abierto con una serie de tensiones aún por resolverse.
Los indicios que en agosto presentó la Presidencia de la Comisión para el caso Ayotzinapa no los conoció previamente el Grupo de Expertos ni la Fiscalía y tuvieron como bases: a) los dichos de una persona que sí participó en el homicidio y desaparición de los estudiantes y b) unos mensajes de texto que no se validaron, es decir, no se sabía si era verdaderos o falsos, ni de qué personas eran los teléfonos. Al final sucedió resultaron falsos y de hondas consecuencias para las personas señaladas en los supuestos mensajes de texto. En otros términos, la Presidencia de la Comisión presentó datos que resultaron falsos y no se presentó alguna otra evidencia de que los militares hubiesen participado en tan grave acusación ni en otros delitos.
Quizá no debió darse a conocer este Informe hasta que se tuviese alguna certeza sobre la supuesta participación del Gral. José Rodríguez, del Capitán José Martínez, del Subteniente Fabián Alejandro Pirita y del Sargento Eduardo Mota en las desapariciones, es improbable conocer qué motivó precipitar los señalamientos, los errores en la exposición pública y menos aún cómo se filtró un Informe que contenía tan serios contenidos. Para entender la coyuntura actual es necesario separar o distinguir dos hechos que generaron confusiones.
En primer témino resulta que los militares no están sujetos a proceso penal por las imputaciones que se citan en el informe de la Presidencia de la COVAJ, como se dijo a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a la opinión publica; resulta que en realidad al Gral. Rodríguez se le acusa de delincuencia organizada; mientras que al Cap. Martínez, al Subteniente Pirita y el Sargento Mota, están en proceso penal por delincuencia organizada y desaparición forzada. Lo paradógico de las tres últimas acusaciones es que se sustentan en declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien dijo que los militares colaboraban con el grupo “Guerreros Unidos”, y por su presencia el día 26 de septiembre de 2014, en una Clínica de nombre “Cristina” donde se refugiaron algunos estudiantes que no son de los 43 desaparecidos.
En otras palabras, a los militares los acusaron de desaparecer a un grupo de estudiantes que no desaparecieron; su formal prisión sólo tuvo como base lo que dijo un testigo protegido; no existen hasta ahora evidencias sobre que los militares tuvieran relación con algún grupo criminal; y tampoco se acreditó algun contacto con los 43 estudiantes desaparecidos. Sobra decir que si no tuvieron contacto con los estudiantes que desaparecieron es infundado aseverar que participaron, tampoco hay referencias a algun acto en que ayudaran a los criminales durante la detención y desaparición de los estudiantes o posteriormente para encubrirlos. En contrario, lo que hicieron los militares esa noche y por la madrugada del día siguiente sí está confirmado. Sin embargo, la declaración de un testigo protegido fue suficiente para que un juez de distrito ordenara las órdenes de aprehensión contra los cuatro militares.
En segundo termino está el Informe de la Informe de la Presidencia de la COVAJ en su versión “testeada” y que después se filtraría con todo su contenido. Hay consenso en que no existían antecedentes sobre las capturas de pantalla que se hicieron públicas y de las que se derivó la supuesta participación de los militares. De esas conversaciones digitales no se sabia nada. Las preguntas básicas que haría cualquier abogado: quién, cómo, dónde y cuándo, no tuvieron respuesta, hasta que la respuesta fue que no eran verosímiles ni posibles.
Las capturas de pantalla no eran parte de las indicios contra los militares que fueron aprehendidos, no las conocía el Ministerio Público y menos el juez. Las conversaciones resultaron falsas y derivó en una situación delicada que impactó la investigación. Cualquier persona que lea esos chats, que contienen conversaciones entre 15 personas diferentes se dará cuenta de cuatro cosas: 1) la mayoría de los involucrados comete las mismas faltas de ortografía y abreviaturas; 2) están alineados a los dichos del testigo protegido “Juan” con palabras casi idénticas ocho años después; 3) solo en los mensajes que se atribuyen al personal militar se aprecian a simple vista líneas y cambios de coloración que muestran una edición; y 4) las aplicaciones tecnológicas de esa red social no existían en la época que supuestamente se enviaron los mensajes.
Resalta esclarecedor, que aún con la carga jurídica, ideológica y política del caso, el Grupo de Expertos y los Padres de familia observaran que las supuestas conversaciones que se atribuyeron al General Rodríguez y al Capitán Martínez no tenían referencias o declaraciones anteriores; que la casualidad no existe en medio de tantos análisis, estudios y demás investigaciones; y que, no se entendió por qué la Presidencia de la COVAJ: a) realizó las acusaciones; b) anunció el libramiento de órdenes de aprehensión contra los militares mencionados, pero el contenido de las órdenes de aprehensión no fuese por esas acusaciones; y c) que las órdenes de aprehensión no contaron con los indicios “descubiertos” tras ocho años de investigaciones.
Finalmente, sobre las acusaciones contra los militares por participar en otras actividades delictivas resulta que están sujetos a un proceso penal porque el GIEI y la UEILCA sostienen que una intercepciones de la DEA en Chicago entre delincuentes muestran que convivían con militares, pero por extraño que parezca no dice cuáles, además algunos de esos delincuentes eran servidores públicos.
Es evidente que se interesaron el derecho humano al debido proceso, la secrecía de la investigación penal, la protección de datos personales, y que se incurrió en la exhibición pública de personas.
La situación actual es que cuatro miliares están en prisión, que por alguna razón o error se trató de vincularlos a uno de los casos más complejos de la historia reciente, que en esas acusaciones públicas se presentaron datos de prueba falsos y que se les mantiene en proceso penal y prisión por supuestamente participar en desapariciones de personas que no desaparecieron y por otros delitos sin evidencias de que participaron. Así las cosas, 2022 dejó un capítulo inconcluso sobre Ayotzinapa donde todos los involucrados esperan el esclarecimiento de los hechos y la justicia necesaria para cuatro militares.
Los invito a ver mi video columna:
