I M P U N I D A D
POR: HÉCTOR RAMOS
Miércoles 10 de enero, 2024
La impunidad que defienden el PRI y el PAN, a la que están acostumbrados, logró imponerse para impedir a Ernestina Godoy continuar como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Una impunidad que ambos partidos han hecho como parte de su “ideología política” que hoy la confirman como si fuera un halago, bajo el disfraz de que fue “por el bien de la ciudad”.
De esta manera se acabó la era Godoy que se inclinó a investigar a una mafia de panistas que aprovechado el cargo de delegados, hoy alcaldes, otorgaron un cúmulo de permisos para la construcción de inmuebles a cambio de moches millonarios, convirtiéndose en un “Cártel Inmobiliario” en Benito Juárez, que podría salpicar, incluso, al exalcalde y actual aspirante de ese partido a la candidatura a la ciudad de México, Santiago Taboada, aunque las autoridades no han confirmado esta versión, pero que tampoco han desmentido.
Desde el Congreso local, el PRIAN salvó, por el momento, “el pellejo” a los funcionarios panistas de las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía por corrupción inmobiliaria y lavado de dinero, como lo adelantó antes de la votación la diputada Morenista, Martha Ávila: “sabemos que no actuarán con solvencia política ni moral, ni menos con honestidad”, les dijo y lo cumplieron.
Y es que en el fondo, cuando la justicia la convierten en un asunto político, la impunidad sale a flote y se privilegia a la hora de tomar una decisión; no se vota en conciencia, ni se vota en defensa de la justicia penal, que es la que castiga a quien viola la ley, las normas de convivencia, el que desvía su actuar en actos constituidos en un delito, sino se vota en defensa de la persona, de un grupo, a favor de la corrupción, para no responder ante la autoridad que investiga, ni manchar “el buen nombre y prestigio de un partido político”.
Es vergonzoso que, desde la tribuna del Congreso Local, los mismos representantes de la población que los eligió con la esperanza de que con la construcción de un “sistema democrático”, se haga justicia para los que menos posibilidades tienen, sean estos diputados de siempre, los del PRI y del PAN, quienes aprovechando su “poder de voto y de veto”, privilegien y respalden a los delincuentes de cuello blanco salidos de sus filas partidistas.
Muy contrario sería que, si un funcionario o miembro de un partido hace negocio a costa del cargo que representa y bajo las siglas y colores de dicho organismo político que lo postuló, ese partido debería llevarlo a la instancia correspondiente como posible transgresor de la ley y no protegerlo. Resultaría más aplaudible, sobre todo en tiempos preelectorales, una acción de este tipo. No lo vemos, no lo hemos visto por años.
Muy por el contrario, cuando la autoridad actúa, de inmediato se acusa de presos políticos cuando se les llega a detener o persecución política cuando son buscados para que respondan por un aparente delito.
La mafia del poder no perdona, como decía la diputada en mención, sigue actuando y es un llamado de atención, porque ese grupo es el que intenta ahora con Taboada regresar a apoderarse de la ciudad de México que tanto ha costado limpiar de corrupción y de privilegios para unos cuantos y convertirla en la ciudad de las libertades.
El camino que se inició de combate a la impunidad desde la Fiscalía de la Ciudad de México “perdió una batalla, pero no lo guerra”, porque mientras para la oposición es un gran triunfo, para el gobierno es una “victoria pírrica”.
En ese contexto el gobierno de la ciudad a cargo de Martí Batres presentó una iniciativa de reforma al Código Penal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria, con la que se busca sancionar esta conducta con una pena de 10 a 20 años de prisión en la Ciudad de México, incrementándose en un 50 por ciento adicional en los casos en que se obtenga algún beneficio económico. Una iniciativa directa para acabar con los Cárteles inmobiliarios del PAN.
La batalla por la ciudad, ya se puso en marcha.
