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Presidencia de la República solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pause la discusión sobre la validez del “Plan B” de reforma electoral a la Ley General de Comunicación Social (LGSC), y que en su lugar descongele y resuelva impugnaciones de 2018 que cuestionan la constitucionalidad de la misma ley.
La petición fue hecha a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), dirigida a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en la que le piden ir por “orden de prelación” en las impugnaciones “por seguridad jurídica”.
En un comunicado, la Consejería Jurídica argumenta que el propósito de su petición es “evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”.
Cabe recordar que la LGCS fue aprobada con las mayorías del PAN y del PRI el 11 de mayo del 2018, antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, acusando que hubo vicios en el procedimiento legislativo para su aprobación y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.
“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señala la CJEF.
Se destaca que, hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.
