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Por segundo día consecutivo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosca Icela Rodríguez ofreció un reporte de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República por homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad privada
Durante la conferencia, la funcionaria federal informó que fue identificada la empresa que ofrecía servicios de seguridad al INM en 23 estados de la República y que se detectaron diversas irregularidades, por lo que se inició el procedimiento para revocar el permiso e imponer una multa económica.
Detalló que la empresa, de nombre Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV tiene registro del 3 de septiembre de 2020 y tenía permiso vigente a febrero de 2024. Se encuentra registrada en la modalidad de proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional y que tiene dos socios en los registros.
Sobre la irregularidad detectada, la funcionaria dijo que la empresa tenía registro sólo de 4 elementos de seguridad con 10 uniformes y que el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones de 23 estados del país.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, informó que se giraron seis órdenes de aprehensión por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, tres contra personal del Instituto Nacional de Migración, dos contra personal de seguridad privada y una contra el migrante que inició el fuego.
Precisó que ya se ejecutaron cinco de estas órdenes de aprehensión y que a lo largo del día se realizará la audiencia de vinculación e imputación por los delitos de homicidio doloso, y lesiones contra los 67 extranjeros afectados.
Mientras que Rosa Icela Rodríguez también informó que el migrante que inició el fuego en una de las celdas de la estación del INM y contra quien se giró una orden de aprehensión, se encuentra estable y ya fue dado de alta del hospital en el que fue atendido.
Por último mencionaron que por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciará un procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar el monto de la reparación del daño para los familiares de las víctimas.
