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La disputa por los recursos de la seguridad pública

Dr. Jorge A. Lumbreras Castro.

En diversos países y en México es posible apreciar un debate sobre una responsabilidad sustantiva del Estado que es la seguridad. El debate surge de problemáticas comunes, tiene múltiples ejes y aristas, así como propuestas jurídicas e institucionales para prevenir y enfrentar los factores que propician o generan inseguridad, riesgos y amenazas a las instituciones del Estado democrático y fundamentalmente a las ciudadanías.

El crimen y los delitos crecieron en todos los continentes en los últimos 20 años hasta configurar tendencias que permiten apreciar que se trata de un desafío para cada nación y para la comunidad internacional.  La trata y el tráfico de personas, la venta ilegal de armas de fuego, los delitos cibernéticos, el narcotráfico, la extorsión y la explotación sexual están presentes en la mayor parte de los países, sin embargo, el modo en que las organizaciones delictivas actúan en cada país y región es diferente. En el caso de América Latina una característica de las acciones criminales radica en los altos niveles de violencia exhibición y crueldad que ejercen al enfrentarse con otros grupos criminales, lastimar a la ciudadanía y en no pocos casos agredir a las autoridades.

La delincuencia trasnacional motivó acuerdos de cooperación internacionales, es el caso del Tratado de Palermo y sus Protocolos, así como la atención permanente de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de una larga lista de instancias de trabajo entre los países, es así porque la delincuencia trasnacional obtiene recursos por miles de millones de dólares cada año, que utiliza para incrementar sus capacidades logísticas, operativas y de infiltración en las instituciones, en otras palabras: armas, dinero, corrupción y captura del gobierno a costa del bienestar público, del Estado de derecho, de la economía y de la estabilidad política y social.

La delincuencia trasnacional y nacional constituyen un antagonismo a todos los campos del poder, es decir, social, económico, político institucional, diplomático y militar, como se les conoce en la literatura de seguridad nacional. Por ello, en la mayoría de los continentes se vive el debate sobre cómo y con qué instrumentos enfrentar a los grupos criminales para evitar y reducir  el nivel de daño que causan al desarrollo, más aún, cuando la ecuación: violencia, armas, poder y dinero, articula las actividades de estos grupos.

En Estados Unidos, Europa y América Latina, por citar tres casos, el poder civil ha requerido desde hace décadas la colaboración y en varios casos, la participación directa de sus Ejércitos para contener y enfrentar la delincuencia.

Debe recordarse que las problemáticas asociadas a la seguridad son distintas en cada continente y país, por ejemplo, Europa enfrenta organizaciones criminales que, en varios casos, integraron elementos civiles y militares de la Segunda Posguerra que ante las crisis políticas y económicas en sus países ingresaron a estas organizaciones y varias experiencias muestran que terminaron por dirigirlas. Por tanto, se trata de actores con altos niveles de adiestramiento civil y militar en materias como manejo de armamento, inteligencia, contrainteligencia, operación, logística y aplicaciones tecnológicas, lo cual les proporciona bases para desarrollar sus actividades delictivas, sobra decir, que las policías muestran un déficit para enfrentar a este tipo de actores y organizaciones, por lo que se hizo necesario que las instituciones militares apoyaran a las fiscalías y policías, esto ocurre desde hace quince años.

En el caso, de los Estados Unidos se mantiene la resistencia a que sus ejércitos participen en el interior contra las organizaciones criminales, sin embargo, la participación de sus Fuerzas Armadas se despliega en fronteras, mares, océanos y otros países, colaboran con inteligencia y se coordinan con las agencias que enfrentan el terrorismo, la trata y el tráfico de personas, el narcotráfico y el comercio ilegal de armas. En Estados Unidos se vive desde hace diez años un debate que, por una parte, aborda cómo incrementar los niveles de eficacia en la lucha contra el crimen, cómo fortalecer la cooperación con  otros países en cierto tipo de delitos, cómo sumar sus capacidades de inteligencia al esfuerzo de seguridad y justicia de otras naciones y de forma particular, cómo deben actuar sus cuerpos policiales al interior, considerándose que por décadas fueron adiestrados como fuerzas de combate, lo que se tradujo en corporaciones policiales que actúan con altos niveles de uso de la fuerza.      

En el caso de América Latina, los debates por la seguridad hoy tienen nuevas experiencias, por una parte la estrategia de El Salvador que estableció un estado de excepción, realizó detenciones masivas, involucró a todos los cuerpos de seguridad y persiguió a los bandas delincuenciales, constituye un ejercicio del poder político institucional que más allá de su eficacia, en la coyuntura, motivó apoyo popular y respuestas relativas a los derechos humanos.  Colombia aún vive un complejo proceso para lograr una pacificación a largo plazo, mantiene una acción permanente en la lucha contra el crimen, participan sus Fuerzas Armadas de forma regular, y si bien tiene avances relevantes, prevalecen desafíos políticos, de seguridad interior y de lucha contra la delincuencia. El análisis de cada caso podría continuarse y es motivo de estudios especializados, sin embargo, lo que prevalece en la región es la presencia de organizaciones criminales que logran infiltrar instituciones, imponen altas dosis de violencia y de homicidios, y generan inestabilidad social y política, además de provocar altos costos para las inversiones, el empleo y la productividad. 

Lo central es comprender que cada nación ha debido enfrentar con sus medios al crimen, lo que genera un debate continuo sobre lo que es posible hacer al seno de un Estado democrático para defender a la sociedad, sobre los límites del derecho, de las instituciones y de la operación concreta para construir seguridad, prevenir, investigar y perseguir el delito, así como los procedimientos y el alcance de las penalidades a aplicar por la impartición de justicia.

México tiene un debate similar en que participan múltiples actores, existen posiciones respecto a  los alcances y limites de un sistema de seguridad y justicia de corte garantista; también sobre la participación de las Fuerzas armadas en seguridad pública, unos apelan a la seguridad civil y profesional con crecientes capacidades y especialidades, mientras otros apuestan a que la participación militar logre una creciente eficacia de la Guardia Nacional, y actúen en apoyo a la seguridad pública; por otra parte, se evidencian posiciones que subrayan el grado en que los derechos humanos son o podrían verse interesados a partir de las definiciones jurídicas y políticas en seguridad; y hay actores y organizaciones que se refieren a la prevención del delito, a la identificación y contención de factores criminógenos, y al desarrollo de una cultura de paz, inclusión y aperturas que desde lo social, reduzca la violencia, impulse la cultura de la legalidad y aleje a las personas del delito.

Sin embargo, en México se presenta una situación particular en el debate por la seguridad, y es que algunos actores impulsan una disputa por la seguridad cuyo fin es el control de los recursos públicos. Hay actores que al proponer un debate por la seguridad, en realidad disputan el control de los recursos públicos para la seguridad. La creación de la Guardia Nacional fracturó una extensa red de corrupción que operó en los estados, los municipios y la federación, esos actores llegaron a considerar que los recursos para la seguridad les pertenecían.

Algunos “productos” que determinadas empresas proveían a las instituciones de seguridad consistían en “análisis”, “proyectos”, “exámenes”; “evaluaciones”; “desarrollo o servicios de software especializados”, en una serie que difícilmente probó su eficacia; en algunos casos, se empleó un modelo de renta, es el caso de sistemas informáticos cuyo desarrollo era millonario y mantenerlos más, algo así como: te cobro por diseñar y construir tu casa y luego te la rento. Fue la feria de los “juguetes” para la seguridad, algunos de tan incierto diseño y capacidad para generar resultados que constituían agravios para la inteligencia y el sentido común. La avaricia, el contubernio, la falta de vocación de servicio y en algunos casos la corrupción, depredaron los recursos para la seguridad pública, tal y como se hizo público a nivel internacional y nacional donde decenas de empresas aparecen ligadas a actores institucionales cuya riqueza es poco explicable.

Por ello, en México tenemos un prolífico debate por la seguridad y a la vez una soterrada disputa por los recursos de la seguridad pública cuyo propósito, antes que la seguridad ciudadana, es el interés y el beneficio.  

Convendría que si el tema de tensión son los recursos para la seguridad, esto se discutiera de forma abierta y clara, generándose propuestas sobre cómo mejorar: origen, administración y destino, estandarizar tecnologías, responde a necesidades de equipamiento por entidad, sistemas de rendición de cuentas, metodologías para proyectos, metas y métodos de evaluación y demás factores. Criticar a las instancias que regulan la entrega de recursos para la seguridad estatal y municipal así como a las Fuerzas Armadas por ejercer algunos recursos en la materia, poco o nada aporta a la mejora de esta función; cuestionar el trabajo de muchos por la ambición de pocos, aparte de evidente, ya dejó de ser creíble y transitable.

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