Por José Sobrevilla
A través de esta columna, donde ya habíamos tocado el tema (Noreste.net 28 de noviembre 2021)[1], ejidatarios del Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez de Tulum, Quintana Roo, hacen hoy un llamado al Consejo de la Judicatura Federal encabezado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que –como es su responsabilidad y compromiso con la justicia– les imponga el segundo párrafo del artículo 94 Constitucional, con relación al numeral VIII de los criterios que, en materia disciplinaria, ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal para que ─en los Amparos Directos 545/2021 y 564/2021─, sean emitidas resoluciones apegadas a derecho, dada la fuerza económica y política de los empresarios que pretenden despojarlos de sus tierras.
Ahora, el grito es más desesperado porque este Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, del Municipio de Tulum, ya han sufrido la fuerza del poder político y económico de estos empresarios con unas resoluciones que ellos consideran ilegales por parte de Magistrados del Tribunal Superior Agrario cuando otorgaron los Recursos de Revisión 211/2020-44 y 606/2019-44.
Por eso, hoy –señalan– es el momento en que las resoluciones de los Tribunales Colegiados Tercero y Primero del Vigésimo Séptimo Circuito sobre el conflicto territorial, sean resueltos conforme a la ley y la justicia para detener un proceso de despojo del patrimonio de decenas de familias de esa localidad en Tulum.
“Ambos tribunales son los que tienen en su poder terminar con ese intento de dañar a la población de Pino Suárez con la resolución que emitan sobre los amparos directos 545/2021 y 564/2021 para no hacer más largo un problema que lleva ya 47 años desde que el particular Antonio González Avilés cometió fraude cambiando la ubicación del predio, de manera documental, con título de propiedad # 673 situado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto para ubicarlo en el entonces municipio de Cozumel, zona colindante con el Mar Caribe, en el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suarez”.
Los ejidatarios añaden que a ese fraude se suma otro que cometió en 1991 Víctor Cervera Pacheco, entonces Secretario de la Reforma Agraria, al emitir un título de propiedad violando las leyes vigentes a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, con el número 79152, ubicado dentro de la zona ejidal mencionada.
Para los ejidatarios, el alargamiento de este conflicto les perjudica porque hace sospechar que actualmente las instancias jurídicas que lo atienden se han beneficiado con el apoyo del grupo de empresarios que ─aprovechando la situación irregular e ilegal de los terrenos en el ejido José María Pino Suárez─ los han “adquirido” y ahora pretenden “expulsar” a las familias que reclaman su propiedad histórica.
Aseguran los ejidatarios que las resoluciones que emitió el Tribunal Superior Agrario el día 13 de julio de 2021, “validan ambos fraudes y este intento de despojo porque han decidido ignorar lo que establece el artículo 27 Constitucional, fracción VIII, incisos “b” y “c”, los cuales, en el primero, declara nulos de pleno derecho los títulos de propiedad que se hayan emitido afectando tierra ejidal, como lo es el caso del título de propiedad 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, y el inciso “c” donde se declara nulos de pleno derecho todas las diligencias de apeo y deslinde con las cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras ejidales, supuesto en el cual encuadra la diligencia de apeo y deslinde de fecha 22 de abril de 1981”.
Los ejidatarios no aceptarán que se les dé “atole con el dedo” con una resolución que reponga el procedimiento como se mencionó en una conferencia mañanera (viernes 21 de enero 2022), cuando existen todos los elementos para dictar una resolución de fondo, que anule de una vez por todas los dos fraudes que se están cometiendo.
[1] https://noreste.net/jose-sobrevilla-ejidatarios-de-tulum-a-punto-de-perder-sus-tierras/
