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Luego de que se diera a conocer el desvío de recursos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, que de acuerdo al reporte de la cuenta pública de 2021 de la ASF, asciende a más de 15 mil millones de pesos, por lo que el INAI instruyo a Diconsa, buscar y dar a conocer contratos, comprobantes de pago, facturas y demás documentos relacionados con el procedimiento de compra en 2022 de más de 20 mil toneladas de leche en polvo
Según lo informado por el Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Leonel cota Montaño, el pasado 14 de diciembre de 2022 en una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Durante la sesión pública del Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez señaló que este caso se relaciona con el desvío de recursos públicos en Segalmex, Diconsa y Liconsa que, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asciende a más de 15 mil millones de pesos, esto es, el doble de los recursos públicos desviados en la Estafa Maestra.
En respuesta, Diconsa, se declaró incompetente para dar a conocer la información y sugirió dirigir la petición a Liconsa, declarando inexistencia de los documentos.
El solicitante se inconformó y presentó un recurso de recisión ante el INAI, mediante el cual señaló que las declaraciones de Cota Montaño son en representación de las tres dependencias, es decir, de Segalmex, Linconsa y Diconsa, por lo que esta última debe de contar con la información requerida.
En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez advirtió que, tal como lo señaló la persona solicitante, las tres dependencias son administradas por un solo director, pues desde el Estatuto Orgánico de Segalmex se establece que existe un solo cuerpo directivo en Segalmex, Diconsa y Liconsa, con el fin de que exista racionalidad en el gasto público y para dar cumplimiento a los propósitos de austeridad.
Por otro lado, se determinó que la solicitud de información está basada en la declaración de un servidor público en funciones, y que la normatividad en materia de transparencia establece la obligación de las instituciones de documentar todo acto derivado del ejercicio de sus facultades y competencias.
