Por HÉCTOR RAMOS A.
JUSTICIA SOCIAL
La semana que trascurre inició con el Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra cada 20 de febrero declarado así en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el desarrollo social, indispensable para mantener la “paz y la seguridad” en las naciones.
La ONU parte de celebrar este día para concientizar a la población de la importancia que tiene el impulso de acciones orientadas a que exista mayor firmeza social, conceptualizada por el mismo organismo, como la promoción del reparto equitativo de los “bienes y servicios” apoyado en normas y leyes que garanticen su práctica. Su fin último es “acabar con la pobreza, la desigualdad” y conseguir el pleno desarrollo de las personas.
El fondo de la reflexión debiera ser que la lucha no necesariamente es porque haga falta algo sino es por los que no tienen nada; cuando se habla de justicia social, entendida como la igualdad de oportunidades, inmediatamente debe de pensarse en el bienestar de los más necesitados en materia laboral, económica, en los derechos humanos y que cada quien debería de tener para que pueda desarrollar su máximo potencial con plena libertad.
Ya lo decía Carlos Pellicer: para ser justos es necesario ser libres, luego entonces la libertad es una parte demandante para que llegue la justicia social que todo ser humano merece, pero que en el mundo actual no se ha logrado porque gran parte de los habitantes de este planeta, siguen dependiendo de las elites y poderes económicos ante quienes se ponen a sus órdenes y a su servicio para poder sobrevivir.
Las estadísticas mundiales son alarmantes: más de mil millones de seres humanos viven con menos de un dólar por día mientras otros dos mil 800 millones de personas, muy cerca de la mitad de la población mundial, viven con menos de 2 dólares.
En nuestro continente, Haití y Guatemala son considerados los más pobres y algunas de sus causas son por el desempleo, la exclusión social y la “alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas”.
En México, la pobreza se calcula en poco más de 56 millones de personas, unos 8 millones en pobreza extrema, cuya causa principal es la corrupción desatada en los últimos 30 años en que se estableció como política económica el neoliberalismo, con el que unos cuantos de volvieron muy ricos y una gran mayoría se convirtieron en más pobres.
La justicia social que tanto se ha encauzado desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado cuajar entre la población más vulnerable, aunque si ha tenido un progreso, pero no lo suficiente como para decir que se ha superado este flagelo.
La cuarta transformación ha enfocado sus baterías en superar la crisis educativa, elevar la productividad, las carencias sociales, mejorar la salud, lo laboral, en una permanente búsqueda del bienestar social, el desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y bienestar económico, pero no ha sido suficiente porque el rezago fue mucho.
Los programas sociales como lo ayuda a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, a las personas con alguna discapacidad, además de otras medidas, han permitido el equilibrio en el mercado interno porque la población vulnerable cuenta con el recurso que se les otorga por esos programas sociales para comprar sus necesidades básicas y que el dinero circule para aminorar consecuencias de la crisis económica producto de una pandemia y una guerra entre Rusia y Ucrania.
Ante una justicia social y desigualdad no se puede cantar victoria.
