CUARTO DE PLANA
Héctor Ramos A.
En días pasados leíamos algunas notas periodísticas recordando el 20 aniversario de la muerte de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, dejando la duda de si fue suicidio, como se concluyó en tres ocasiones por diferentes fiscales dedicados a investigar, cada quién con sus propios métodos, elementos y personal, el caso, por demás lamentable.
De acuerdo con la averiguación previa, y que consta en actas, fue la tarde del 19 de octubre de 2001 cuando fue encontrada sin vida la activista y abogada litigante en su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, hecho que provocó la indignación de diferentes organizaciones de derechos humanos.
El cuerpo de Ochoa Plácido fue encontrado alrededor de las 17:50 horas, con dos disparos de arma de fuego, “uno en la cabeza y otro en una pierna en la antesala del lugar, sobre el piso, con la cabeza recargada en el sillón y el rostro completamente ensangrentado y regado en la alfombra polvo blanco, como una especie de talco, los sillones y en la ropa de la víctima”.
De acuerdo con lo que consta en actas, fue el Ministerio Público quien una vez enterado del lamentable hecho, acudió al lugar y quien “abrió la puerta del domicilio cerrado por dentro, donde apareció el cuerpo sin vida de Digna Ochoa”.
Tiempo después, la autoridad ministerial dio a conocer que el arma empleada en el crimen, de origen checoslovaco, era propiedad de la activista, lo cual reforzó la tesis del suicidio.
De la duda del suicidio a la que se llegó en la primera investigación, una tercia de connotadas personalidades como Magda Gómez, Doña Rosario Ibarra de Piedra y el finado Miguel Ángel Granados Chapa, sugirieron al entonces Procurador, Bernardo Bátiz Vázquez, a la abogada Margarita Guerra como fiscal especial para que investigara nuevamente el caso, y quien, después de unos meses de averiguar en el lugar, las pistas y los elementos periciales, llegó a la misma conclusión del suicidio de la defensora de los derechos humanos.
El caso se ha reabierto 3 veces, y sigue su curso ante la Comisión Interamericana de los derechos humanos en donde, si así se decide, se reabriría por cuarta ocasión y en lo que el Estado mexicano ya dio su anuencia para que la investigación sea revisada nuevamente y se vea si se actuó con perspectiva de género.
En mayo pasado el ex Procurador Bátiz en el periódico La Jornada, dio su opinión sobre este caso e informó que desde que se supo quién era la occisa, ordenó una investigación en donde se tomaron en cuenta “las circunstancias en las que aconteció la muerte de Digna, se investigó con objetividad y seriedad, se siguieron las pistas posibles y se valoraron las pruebas con probidad intelectual, en especial las periciales que indicaron que era imposible que otra persona hubiera sido la que disparó el arma”.
Sobre la versión oficial del suicidio, un dirigente social de izquierda, cuyo nombre me reservaré en esta ocasión, me aseguraba que él tuvo información de primera mano de Lamberto González Ruiz que le genera duda sobre la conclusión de la autoridad ministerial.
Con Lamberto trabajamos algunos años, lamentablemente falleció en abril pasado, fue un abogado cercano a Digna Ochoa, que siempre luchó por la presentación de los desaparecidos y por la libertad de los presos políticos en el Frente Nacional Contra la Represión y con el Comité “Eureka”, organización de madres y familiares de los olvidados por los gobiernos represores en la llamada guerra sucia iniciada en los años sesenta en México.
De acuerdo con la versión de Lamberto, me dijo este dirigente, “llegó junto con otro abogado amigo en común de Digna al despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, antes de que llegará al Ministerio Público, que fueron ellos quienes habían entrado al lugar para descubrir el cuerpo sin vida de la activista para después haber dado parte a la autoridad, que la puerta no estaba cerrada”.
Esa versión, si existe en actas, no la conozco.
