• Se acudió a las cortes de EU para señalar daños derivados de prácticas comerciales negligentes en venta de armamento proveniente del vecino país
  • La demanda es una estrategia del Gobierno de México contra el crimen organizado y la violencia armada
  • También busca promover medidas de comercio responsable que desalienten el tráfico y uso ilícito de armas hacia

Redacción

Ciudad de México a miércoles 04 del 2021.- Este martes 4 de agosto, el Gobierno de México, a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), llevó a cabo la presentación de acciones legales contra la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México.

La acción fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, y contó con la presencia del Senador Ricardo Monreal Ávila; del Diputado Ignacio Mier Velazco; del Consultor Jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; del fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.

En la presentación, los miembros del panel analizaron las acciones negligentes de empresas involucradas en el comercio de armas, que fomentan el acceso a armas de alto poder que las organizaciones criminales, en ambos lados de la frontera, compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes: miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en nuestro país.

Por lo anterior, el Gobierno Federal inició una acción legal factible en los Estados Unidos contra quienes producen las armas que están íntimamente vinculadas a la violencia que se vive en nuestro país, siendo respetuoso de las libertades y derechos que otorgan las legislaciones de otros países, y -explicó el Canciller mexicano- la demanda no pretende cuestionar el derecho a comerciar armas, sino denunciar que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan un daño en México.

Este martes se presentó  una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio y enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.

El argumento central del litigio es que las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.

El Senador Ricardo Monreal insistió en el hecho de que “muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la introducción ilegal de armas a nuestro país”.

El consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, dejó claro que esta demanda no es en contra del Gobierno de los Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones, y estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder a nuestro país”.

Por su parte, la académica María De Haas subrayó que el tráfico de armas “es el antagonismo sistémico que está generando afectaciones multidimensionales en la región”, pues la violencia que genera el aumento de poder de fuego de los delincuentes genera movimientos migratorios en Centroamérica.

Finalmente, Steve Shadowen, de la firma Hilliard & Shadowen, hizo hincapié en que este es un litigio estratégico para dar cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes están comprando las armas y en dónde”.

La demanda del Gobierno de México tiene como propósito combatir un problema regional de grandes magnitudes que cobra muchas vidas humanas.

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