Por José Sobrevilla
Para la consulta de este primero de agosto acerca de, si los ciudadanos estamos de acuerdo o no en llevar a juicio a los ex presidentes por actos de corrupción (aunque de acuerdo con la ley muchos delitos hayan prescrito), la pregunta planteada por el Instituto Nacional Electoral, INE, ha sido por demás confusa y enfocada al “no entendimiento” de la gran mayoría de la gente. Aunque en realidad no la redactó el INE sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Juzgue usted; “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
“¿Llevar a cabo las acciones pertinentes?” para “emprender un proceso de esclarecimiento”, por “las decisiones políticas” realizadas por “los actores políticos”, “encaminadas a garantizar” … en este galimatías se esconde el “sí” o “no”; y es por esta redacción que los detractores han llegado a argumentar que “la ley no se somete a consulta”, o se aplica o no. Sin embargo, coincido con los amigos del Grupo Intélite (que dirige Rodolfo Sandoval Monroy), en que este “será el primer ejercicio de democracia participativa”, que tendrá sustento legal y judicial a nivel federal al ser organizado por el INE; aunque por el requerimiento de al menos 40% de participación ciudadana (de la lista nominal) pueda terminar limitando el alcance de sus efectos legales.
El 27 de julio, esta empresa de monitoreo hizo llegar a este corresponsal un interesante reporte acerca de la “Consulta Popular”, en el cual realiza un valioso recuento, desde 2012, de cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el Decreto de Reforma a la fracción VII (art. 35 de la Constitución) donde es incorporada la Consulta Popular (CP) como derecho fundamental. Dos años después, 2014, en el mismo DOF, se publicaba el Decreto por el que era creada la Ley Federal de Consulta Popular, que se materializó como “mecanismo de participación ciudadana de ‘democracia semidirecta’”.
Ese mismo año, 2014, el INE recibía cuatro solicitudes de consulta popular sobre diversos temas para verificar apoyo ciudadano; posteriormente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para evaluar su constitucionalidad (23 septiembre), misma que fue rechazada (29 de octubre), por la procedencia de las solicitudes de CP al argumentar “inconstitucionalidad” por tratar “temas prohibidos”.
Ya en 2019, el 20 de diciembre, en el Diario Oficial fue publicada la reforma constitucional sobre revocación de mandato, que también terminaría modificando las condiciones de la consulta popular. Año en que Gobernación impulsó –además– un ejercicio consultivo regional en Morelos, Puebla y Tlaxcala para evaluar la continuidad de un proyecto energético (23 de febrero), así como la consulta para evaluar la construcción de una planta cervecera, Constellation Brands, en Mexicali, Baja California, (22 de marzo), donde se canceló una inversión de 1,500 millones de dólares; así como, el 30 de mayo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas realizaba asambleas consultivas regionales para evaluar los polos de desarrollo de la construcción del Corredor Transístmico.
También, la Secretaría de Gobernación había organizado un ejercicio de consulta regional en el Estado de México, del 25 al 28 de octubre de 2018, donde se evaluaría la continuidad de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco, la cual fue organizada por un consejo ciudadano conformado por académicos y organizaciones, entre ellas la Fundación Arturo Rosenblueth. También, el 11 de mayo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado públicamente la posibilidad de que fueran juzgados cinco expresidentes anteriores a él.
Ya en 2020, el 15 de septiembre, el habitante de Palacio Nacional llevaba a cabo la consulta para juzgar a expresidentes como iniciativa propia ante el Senado, para comenzar con el proceso consultivo. El Senado había avalado ya la trascendencia de la consulta popular y turnado a la SCJN (el 7 octubre del mismo año), la pregunta para que –de la misma Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo– se avalara su constitucionalidad el día 20 del mismo mes, que terminó siendo modificada para “evitar contradicciones constitucionales”, quedando así de confusa como le mencionaba en el primer párrafo: fue así que el INE realizaría el reajuste a su presupuesto tras la reducción de 870 millones de pesos del mismo, ordenado por la Cámara de Diputados[1] el 07 de diciembre 2020.
Este año, el 22 de junio de 2021, el presidente advertiría que el INE no había ahorrado para el ejercicio consultivo de este primero de agosto y, por ello, acusaba la ‘falta de presupuesto específico para este fin’; esto hizo que (demasiado tarde), el INE comenzara la preparación para la organización de la Consulta Popular el 28 de junio; así, este 15 de julio, el Instituto Nacional Electoral comenzaría la jornada nacional de información sobre la Consulta que se llevará a cabo este 1º de agosto 2021, con insuficientes quince días.
Es por ello que Human Rights Watch en América habría calificado como un “circo político” a la Consulta Popular 2021, el 19 julio, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, manifestara que AMLO debería “abstenerse” de difundir propaganda sobre la Consulta.
Con estos antecedentes, los analistas de grupo Intélite han vaticinado que será difícil el cumplimiento de participación requerida del 40% para hacer vinculante la Consulta Popular; y que la discusión política y la diversidad de visiones en torno a ésta, harán del ejercicio un factor que sólo abonará al discurso anticorrupción del Gobierno Federal y a las posturas contrarias de la oposición (como son las críticas en el manejo de presupuesto del INE, y el populismo punitivo). “Aunque este ejercicio terminará siendo un precedente para la consolidación de estos mecanismos participativos; y las dudas en su utilidad y alcance obligarían a que se retome y modifique en el Legislativo y el Judicial”.
Consideraciones
En un primer escenario, se vislumbra que no sean cumplidos dos de los tres estándares requeridos para la Consulta, #1 apertura a la información –pregunta confusa–; #2 involucramiento de la sociedad –baja participación– y #3 Condiciones legales –cumplidas–; por lo que el ejercicio de este primero de agosto podría llevar a un retroceso en la consolidación de estos mecanismos de participación, debido a que México está en una democracia representativa “altamente polarizada”.
Lo anterior podría traer como “Impacto Económico” que aumentaran las quejas sobre el gasto para la realización de la Consulta Popular (91,000 mesas de votación, 890 millones de pesos)[2], así como la insuficiencia presupuestal que se exacerbe más debido al poco éxito que llegara a tener el ejercicio. El INE realizará la CP con 610 mdp menos de lo presupuestado originalmente, según ha dado a conocer el 2 de junio pasado.
El “Impacto Político” que podría traer, sería que las discusiones respecto a la Consulta podrían centrarse en la ilegitimidad del ejercicio y en el proceso de ejecución: Se mantiene la diversidad de opiniones, pero predominarán las que se opongan; por lo que se desprestigiaría a la Consulta para los siguientes intentos, como la “Revocación de mandato” del próximo 2022.
“Impacto Jurídico”: La SCJN se vería obligada a procurar la progresividad en el aseguramiento de próximas Consultas: El ejercicio se verá como un precedente para su mejora en las Consultas Populares, pero con escepticismo en su recepción social. En cuanto al “Impacto Social”, podría profundizarse el alejamiento de la sociedad con respecto la democracia participativa: Desde 2018 México ha disminuido 6% el Índice de Democracia Participativa, con el ejercicio infructífero de 2021, la tendencia a la baja se mantiene. Asimismo, por la discusión presupuestal de la CP; en el análisis de Intélite la percepción de corrupción empeorará.
Otro interesante escenario es que la Consulta Popular pueda tener un impacto positivo, pero mostrará que es necesario robustecer la vía participativa (reglas más claras y fortalecimiento presupuestal), por ello se buscaría legislar sobre el asunto en el ambiente propicio (alto porcentaje de participación, aunque menor al 40%), debido a que México está en una transición hacia la democracia semidirecta.
En este escenario, el “Impacto Económico” implicaría el debate sobre el presupuesto asignado, que se mantendría vigente: Se buscaría destinar mayores espacios y recursos a este tipo de ejercicios democráticos, ya que juntarían los intereses del INE respecto a mayor presupuesto y los reclamos de la oposición respecto al presupuesto de este Instituto.
El “Impacto Político” destacaría el ejercicio por el papel de la ciudadanía e instituciones, pese a que no se alcance el porcentaje de participación requerido, se impulsará un discurso que atribuya al éxito del voto popular y al INE. Derivado de ello, la CP de revocación de mandato de 2022 comenzará a perfilarse con relación al éxito parcial de este ejercicio.
“Impacto Jurídico”: El resultado podría poner en marcha el sistema de procuración de justicia para víctimas y, el resultado justificaría la salida político-jurídica de Comisiones de la Verdad como ejercicio restaurativo para las víctimas.
En cuanto al “Impacto Social”, podría observarse un acercamiento ligero de la sociedad hacia las consultas y elecciones; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, ENCUCI 2020, el 69.2% de la población estaba –ese año– “muy de acuerdo” con un gobierno democrático, por lo que esta cifra podría incrementarse.
Independiente de todo, los movimientos a favor y en contra del juicio a los expresidentes en estos breves momentos que se dieron para su difusión, se ha mantenido públicamente un debate y, así como existe un profundo rechazo, argumentando en muchas otras cosas –vía memes– que “es una consulta IDIOTA, ideada por un IDIOTA, y que votarán puros IDIOTAS”, también ha habido manifestaciones a favor de la misma. (Texto elaborado a partir del Reporte Intélite[3] con la autorización de Rodolfo Sandoval, su director general).
[1] Con ello, el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada-por-la-camara-de-diputados/ consultado el 30.07.2021
[2] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-costos-de-la-Consulta-Popular-20210628-0132.html Consultado el 30.07.2021
[3] https://publicaciones.intelite.mx/reportes-especiales consultado el 29 de julio 2021
