Por José Sobrevilla
Entre enero de 2011 y agosto de 2012, entre las 19:00 horas del viernes 18 de marzo y las 20:00 del domingo 20, la entonces PGR investigó la desaparición de 42 personas, aunque de inicio se centró en la búsqueda de 26, en Piedras Negras, Coahuila, frontera con Texas, lugar que –secreto a voces– se habría convertido en un enclave esencial para el narcotráfico y desde allí Los Zetas controlaban todo lo que ocurría en Allende, 60 kilómetros al sur. La masacre fue tan brutal que ni siquiera hay claridad sobre el número exacto de víctimas, las cuales se asegura fueron más de 300. Tanto la prensa como las autoridades guardaron un silencio cómplice, y fue hasta tres años después, en 2014, que se dieron a conocer los hechos.
Fue el 19 de junio (2021) cuando Juan Alberto Cedillo publicó en Proceso una cabeza lapidaria, “Documentos de la Sedena confirman que los comandantes de la Sexta Zona Militar y de la Guarnición de Piedras Negras, bajo el mando del General Luis Cresencio Sandoval, fueron informados sobre los asesinatos masivos de Los Zetas en Allende y otros municipios del norte de Coahuila, y no hicieron nada”[1]. Los documentos (desclasificados) a que se refiere el periodista los publicó la organización académica ‘National Security Archive’ (NSA), con sede en Washington, y que fue fundada en 1985 por periodistas y académicos.
La tarde del viernes 18 de marzo de 2011, entre las 18:30, aproximadamente y 19:00 horas, al menos 60 sicarios del cártel Los Zetas derribaron el portón principal del rancho de “Los Garza” con una camioneta.
El académico Sergio Aguayo realizó un estudio (publicado en 2016 por El Colegio de México El yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011), donde pretendía determinar el trato y las reparaciones del Estado a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y de la desaparición de un número indeterminado de personas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011.
Este 30 de junio la plataforma Netflix revivió el suceso mediante una serie de ficción llamada “Somos” y que se basa en el reportaje de la periodista estadounidense Ginger Thompson (Anatomía de una masacre: Cómo Estados Unidos desencadenó una matanza en México) y de la que sus creadores han dicho que “Es la primera serie que aborda la violencia del narcotráfico desde la perspectiva de las víctimas”, y posiblemente la primera donde no se magnifica a los narcotraficantes.
En algunos lados, incluso Ginger Thompson lo destaca, todo inició porque la DEA, Estados Unidos, compartió con las autoridades mexicanas el PIN de los números telefónicos (Blackberry) de los hermanos Treviño (Z40 y Z42), con el fin de ubicarlos para su arresto; esto llevó a sospechar a los Treviño, Los Zetas, de que había una filtración de información desde el interior de su organización y que estaban colaborando con la Administración de Control de Drogas, DEA.
Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales (el Z42), exlíderes de Los Zetas, ahora detenidos, creían que había tres traidores al interior de su organización y que estaban colaborando con Estados Unidos; pero que también se habían llevado hasta 10 millones de dólares en ganancias por la venta de drogas. El principal sospechoso era Alfonso Poncho Cuéllar, quien tenía como empleados a Héctor ‘El Negro’ Moreno y a Luis ‘La Güiche’ Garza. Este último residente de Allende, y “para castigar su deslealtad”, explicaban los investigadores, Los Zetas ocuparon el poblado aquel fin de semana.
Fue así que desaparecieron a 26 personas, 20 familiares y allegados de Garza, tres amigos de Cuéllar y dos trabajadores de Héctor, y destruyeron 32 casas y dos ranchos, ‘Los Garza’ y ‘Los Tres hermanos’[2]. Señalan que el ataque evidencia la colusión con las autoridades locales, pues 20 agentes de la policía municipal habían sido instruidos para “no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran”; también “levantar a cualquiera de apellido Garza” y entregarlo al grupo criminal.
La mañana del sábado 19 de marzo, los sicarios llamaron a varios operarios de maquinaria pesada y les ordenaron demoler docenas de casas y comercios en toda la zona. A la vista no solo de transeúntes, sino cerca de oficinas gubernamentales, jefaturas de policía y puestos militares. “Muchas de las propiedades fueron saqueadas a plena luz del día, en colonias prósperas y transitadas. Los sicarios invitaron a la gente del pueblo a tomar lo que quisiera, desencadenando una ola de saqueos”.
Los registros del gobierno obtenidos por ProPublica y National Geographic indicaban que, a las autoridades del Estado, encargadas de responder emergencias, les llovieron unas 250 llamadas de personas reportando disturbios, incendios, riñas e ‘invasiones a hogares’ por toda la zona, y las personas entrevistadas por estas organizaciones, señalaron que nadie acudió a ayudarlos.
El día que empezó todo, narra la redacción de BBC Mundo, entraron a balazos agarrando a quien se encontrara en el lugar, incluyendo cuatro mujeres de edad avanzada y dos niños. Aquel domingo llegaron a la casa de un “Garza” donde capturaron a un hombre, su esposa y un hijo menor de edad. Los metieron a una patrulla policial y los trasladaron a uno de los ranchos donde habían estado llevando a más personas durante el fin de semana. Ya por la noche del mismo domingo los sacaron de allí para ejecutarlos; aunque antes habían saqueado y vandalizado sus viviendas e incitado a los vecinos a robar todo lo que había en las casas antes de incendiarlas.
National Geographic publicó además que en 2014 muchas de las víctimas fueron llevadas a un rancho a las afueras de Allende, propiedad de la familia Garza; y que se acusaba al cártel de haber convertido este almacén, que contenía enseres y comida para animales, en un incinerador de cadáveres. Cenizas, un rosario y lo que parecían hebillas de cinturones descansaban sobre el piso de concreto carbonizado[3].
Aunque no tenía nada que ver con el narcotráfico, el hijo de 15 años de Claudia Sánchez, Gerardo Heath, fue secuestrado y asesinado durante el ataque de la masacre de Allende. Las autoridades nunca encontraron sus restos y, en su lugar, le dieron a Sánchez una urna llena de polvo y cenizas del rancho de Luis Garza. Ella la colocó en una cripta.
Aunque apenas voy en el capítulo dos de la serie recién lanzada por Netflix, seis episodios, no podía dejar pasar la oportunidad de compartirles esta aterradora historia de la que me dio cuenta mi amigo periodista Raúl Fraga. Y no es para menos, porque apenas unos meses antes de esta masacre, en las afueras de Dallas, cita National Geographic, la DEA había lanzado el operativo Too Legit to Quit (Demasiado legítimo para rendirse), después de algunas exitosas redadas.
En una de ellas, la policía había encontrado 802,000 dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor había dicho que trabajaba para un tipo al que solo conocía como “El Diablo”. Después de más detenciones, el agente Richard Martínez, también de la DEA, y el Fiscal Federal Adjunto Ernest González habían identificado a “El Diablo” como José Vásquez, Jr., 30 años de edad, nativo de Dallas que había empezado a vender droga cuando estaba en la secundaria y que entonces era el distribuidor de cocaína más importante de los Zetas en el este de Texas: movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes.
Mientras se completaban los preparativos para su detención, Vásquez se fugó por la frontera hacia Allende, donde buscó protección de los miembros del círculo interno del cártel; sin embargo, Martínez y González vieron en su huida la oportunidad de persuadir a Vásquez para que cooperara con ellos, y que les diera acceso a los altos rangos del cártel, que notoriamente era impenetrable, y la posibilidad de capturar a sus jefes, especialmente a los Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, que habían dejado un sendero de cadáveres en su escalada a la cima de la lista de los más buscados por la DEA. Miguel Ángel Treviño era conocido como Z-40 y Omar como Z-42.
Lo que Martínez quería eran los PIN (números de identificación personal) rastreables de los teléfonos Blackberry de los hermanos Treviño. Vásquez, después de huir, le había dado al agente una amplia ventaja. Su mujer y su madre todavía vivían en Texas.
Aunque es una ficción, el hecho de basarse en el reportaje de Ginger Thompson, es ya una garantía porque ella ha sido una periodista estadounidense, reportera senior de ProPublica, quien en 2001 ganó el premio Pulitzer en el Nacional de Información y había sido finalista para el Premio Nacional de la revista. Ella pasó después 15 años en el New York Times, incluyendo algún tiempo como corresponsal en Washington y periodista de investigación, cuyas historias habrían revelado el secreto de Washington, a veces trágico, en su papel en la lucha de México contra el narcotráfico.
Elaborado con información de:
[1] https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/6/19/masacre-de-allende-el-silencio-del-general-266215.html Consultado el 08.07.2021
[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57686849 Consultado el 09.07.2021
[3] https://www.ngenespanol.com/el-mundo/reportaje-especial-national-geographic-masacre-allende-coahuila-cartel-de-los-zetas/amp/ Consultado el 09.07.2021
