Por José Sobrevilla

Sin energía eléctrica no hay internet, nuestras noches serían oscuras, las noticias y tele programas dejarían de fluir por las pantallas, los cajeros automáticos no nos darían efectivo, los juegos de video no serían posible, así como las transferencias bancarias, trolebuses, elevadores, conservación de alimentos en refrigeradores y muchos etcéteras que harían de nuestras vidas un perfecto infierno.

Generar y mantener la permanencia del servicio eléctrico requiere personal entrenado, capacitado, lo que no se da de la noche a la mañana; por ello, desde la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, LyFC, por el gobierno de Felipe Calderón aquel 11 de octubre de 2009, calificado por académicos como “una embestida por parte del gobierno federal al sindicalismo mexicano”, el servicio se ha proporcionado con más gasto y problemas en todo el país. ¿Se acuerda del mega apagón norteño de febrero pasado, o la explosión del transformador en metro?

En los reportes de medios, desde entonces a la fecha, hemos visto corrupción y manejo cuestionable de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, antes y después de la llegada del ‘coleccionista inmobiliario’ (Loret dixit) Manuel Bartlett, lo que nos ha llevado a ser espectadores de una guerra política al interior y exterior del ex poderoso Sindicato Mexicano de Electricistas, SME; mismo que se ha dividido en varias corrientes donde la de Martín Esparza se ha quedado con todo el pastel, pero ¿A qué precio, y con la complicidad de quiénes?

En diciembre de 2020, la Dirección Nacional del Comité interino del Sindicato Mexicano de Electricistas, la que encabeza Jorge Sánchez, denunció que Martín Esparza había comprado en 50 millones de pesos la ‘toma de nota’, y que el conducto había sido el político panista, titular de la Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, Lucio Galileo Lastra Marín y, según denuncia –con documentos de prueba– el profesor de la UNAM Mario Flavio Benítez Chávez, ha expuesto la complicidad de la actual Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

El ex trabajador del SME, autor del libro “SME, la otra historia”, ha señalado que a la titular de la Secretaría del Trabajo le fue entregada documentación donde prueban que, de manera ilegal, la elección de Martín Esparza fue controlada de principio a fin por gente de su propio equipo. En esta denuncia aporta documentos que demuestran que uno de ellos fue Jorge Herrera Ireta, quien fuera presidente de la comisión electoral de ese proceso; también Javier García Camacho, quien, en el periodo anterior, 2019, fue representante de la planilla de Esparza, y que ha sido uno de los 12 mejor liquidados (casi 4 millones y medio); y Jesús Alberto Palomino González, el abogado defensor de Esparza Flores. Ellos controlaron la reelección de Martín Esparza con el contubernio de la Secretaría del Trabajo.

Estos “compañeros” –‘si se les puede llamar así’, dice el catedrático de la UNAM– fueron electos un viernes 5 de junio en plena pandemia, mediante una “asamblea virtual”, en cinco o seis sedes. A la gente le dijeron que no asistiera porque participarían representantes únicamente; por tanto, no hubo debates ni vigilancia de la legalidad del proceso. A los siguientes días, La Jornada publicó: “La Comisión Organizadora del proceso reportó que, de los 33 mil 120 miembros activos, votaron sólo 15 mil 450. Para el cargo de secretario general hubo 14 mil 931 votos, con 519 votos inválidos. La planilla ‘Once de Octubre’, que postuló a Esparza para mantenerse como dirigente, obtuvo 11 mil 471 votos, en tanto que la planilla ‘Dignidad y Democracia’, que postuló a Eduardo Martínez Villa a la secretaría general, obtuvo 3 mil 460 votos”[1].

Para Mario Flavio Benítez, la Cuarta Transformación no está funcionando respecto a la democracia sindical, porque Luisa María Alcalde sigue protegiendo a Martin Esparza. “Hace más de un año demandamos el proceso, entregamos pruebas, y pedimos que no se diera como valida aquella asamblea realizada en plena pandemia”; la secretaria Alcalde violó incluso el acuerdo que ella misma publicó en el Diario Oficial de la Federación[2].

Incluso, insiste el ex trabajador de SME y catedrático de Economía de la UNAM, “Martín presume la actitud de la Secretaria del Trabajo Alcalde Luján, y con esto quiero decir que la familia Alcalde lo está protegiendo, además de a otros charros”.

Todas las corrientes del SME coinciden que lo único que procedería es la reposición del proceso desde el anterior al actual; hacerlo transparente, porque, como en el viejo estilo partidista corrupto, en la reelección esparcista fueron repartidas despensas con el logo de la planilla y dinero en efectivo. “Mientras Martín esté ahí, y Luisa María le obsequie la “toma de nota”, con el pretexto del ‘respeto a la autonomía’ puede mandarnos golpear; rasurar el proceso, controlar el padrón, hacer credenciales nuevas, impedir que voten jubilados, y la actual instancia laboral, STPS, de la Cuarta Transformación solo diría “Como es autónomo, no me puedo meter”, validando el despojo.

SME, las tres corrientes al interior

Humberto Barrales Cantero, jubilado, ex Secretario de Educación y Propaganda del SME, reveló a este reportero que, al liquidarse LyFC, a Martín Esparza lo apoyaron algunos grupos de la sociedad civil como el Frente Francisco Villa, y que la mayoría de la gente, 28 mil trabajadores, fueron liquidados y con él, Esparza, se quedaron 16 mil 500, promedio, con la promesa de regresarlos a trabajar. “Los traidores ya se fueron, compañeros”, arengaba, “Nosotros somos los de la resistencia”.

Pero su membresía iba bajando por no cumplir ese ofrecimiento, y la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, ANUE, se desilusionaban porque la promesa en sectores como Tlalpan y Coyoacán, que desde ese tiempo no han pagado la luz, y que están pidiendo “borrón y cuenta nueva”, hacía que su número de afiliados se viniera a la baja, porque la oferta de borrar la cuenta no la va a permitir el presidente, a pesar de que en Tabasco sí se haya hecho efectiva.

Juan Carlos Escalante, el presidente de la ANUE, es un trabajador jubilado a quien le dio una muy buena renta vitalicia, es una persona de sus confianzas y, en las manifestaciones físicamente le aporta como mil personas. Ellos son una base social como los Panchos Villa que utiliza para sus movilizaciones más fuertes.

Jorge Sánchez –asegura Barrales Cantero– fue un priista venido a menos. “Cuando en 1994 yo estaba en la dirección, lo expulsamos”. Era el Comité Central Democrático, que integrábamos Rosendo Flores y Pedro Castillo Medellín como secretario general. Le habíamos descubierto malos manejos en el programa habitacional del sindicato y, cuando pasa lo de 2009 regresa y se consolida como mecanismo de oposición llegando a aglutinar de ocho a diez mil compañeros.

Y la última corriente es la de “los 4G” que encabeza Rosendo Flores, Jorge Tapia, Pedro Castillo Medellín y Manuel Fernández Flores. En ella están aglutinadas de 9 a 12 pequeñas corrientes con número aproximado de membresía de 5 mil trabajadores y 60 exdirigentes jubilados. “No les hemos prometido nada que no sea posible, más que luchar por la creación de una nueva empresa, como la teníamos, una filial o subsidiaria, porque aquí –en el Centro– se consume el 20% de la energía eléctrica, aquí están los poderes. También hemos propuesto un número determinado de jubilaciones que, por su antigüedad, tienen derecho a ella.       

Igualmente “solicitamos la aplicación irrestricta de la cláusula 112 del Contrato Colectivo de Trabajo, que es un seguro sindical” y, hasta el momento, señaló Barrales, “hemos mantenido una buena interlocución con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en su momento fuimos de los pocos sindicatos que luchamos contra su desafuero”.


[1] Néstor Jiménez https://www.jornada.com.mx/2020/07/13/politica/014n1pol, consultado el 1º de mayo 2021

[2] https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5611000&fecha=05/02/2021, consultado el 01.05.2021

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