El Plan Nacional de Paz y Seguridad Pública, Segunda Parte

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ESPACIO MIXTLI

Dr. Jorge A. Lumbreras Castro

Una síntesis quizá adecuada sobre los grandes desafíos para recuperar la seguridad en México es asumir que la corrupción resultó ser un factor adverso al desarrollo nacional, es decir, un antagonismo al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestro país, y que cualquier estrategia de seguridad pública no podrá tener mayor éxito sin un combate frontal a la mayor peligrosidad de la delincuencia que está en los delitos de cuello blanco. Sin erradicar la corrupción no hay seguridad posible. 

Por ello, el Plan Nacional de Seguridad partió de ocho grandes ejes, donde en primer término aparece la necesidad de avanzar contra una de las problemáticas más extendidas en las instituciones públicas y privadas del país. La corrupción es un conjunto de prácticas, pseudo-valores y percepciones que se articulan en espacios del tejido institucional público en sus nexos con el mundo privado destinadas a lucrar con los recursos de la ciudadanía bajo el pleno conocimiento de la ley y los procesos administrativos, también se expresa en la connivencia de las autoridades para permitir, consentir o ser omisas ante actividades delictivas, entre éstas el uso de los sistemas financieros para beneficiarse de recursos de procedencia ilícita.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad estableció ocho ejes que forman parte de lo que el gobierno federal ha llamado un nuevo paradigma  de seguridad pública: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Reformular el combate a las drogas. 3. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 4. Emprender la construcción de la paz. 5. Pleno respeto y promoción de derechos humanos 6. Recuperación y dignificación. 7. Regeneración ética de la sociedad. 8. Plan de seguridad pública. 

Como se puede apreciar, este Plan encierra la necesidad de mejorar todo el sistema de seguridad y justicia, esto es, las funciones policial, fiscal y de impartición de justicia, sobre un conjunto de políticas destinadas al desarrollo social y humano, bajo la concepción de que la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, y la exclusión social, también están en las bases de la problemática de inseguridad, del mismo modo, que lo están las violaciones a derechos humanos, la impunidad, las políticas represivas, y el papel de las instituciones privadas, sociales y públicas respecto a los valores que articulan y cohesionan nuestras sociedades.

El Plan se orienta, entonces, a vincular dos grandes campos de políticas: La política criminal, es decir, el conjunto de programas y acciones que las instituciones establecen para perseguir el delito; y el bienestar de la población mediante la política social.

Esto no significa asumir que la pobreza sea condición de las conductas delictivas, pues se ha visto, que la mayor peligrosidad delincuencial está en los delitos que cometen personas formadas académica y profesionalmente, y que utilizan su inteligencia, poder  y experiencia para actuar contra la sociedad; lo que sí supone, es que una sociedad agraviada por sus gobernantes y que vive condiciones de pobreza y marginación es el campo propicio para que la delincuencia extienda sus capacidades y prácticas de cooptación, reclutamiento y extienda en el tejido colectivo y comunitario prácticas delincuenciales.

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