ESPACIO MIXTLI

Dr. Jorge A Lumbreras Castro.

La seguridad de la ciudadanía es una responsabilidad sustantiva de todo Estado, se trata de una obligación que para algunos autores está en el vértice de la propia preservación del Estado como tal.  En México desde hace décadas la agenda de la seguridad pública ha estado, por lo menos en el discurso, entre las prioridades de distintos gobiernos, al grado de crear nuevas instituciones, programas y políticas para tratar de enfrentar los altos costos que las conductas delictivas imponen a la sociedad en su conjunto.  

No es causal que el artículo 69 de nuestra Constitución establezca que “en el primer año de su mandato, en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Presidente de la República presentará, ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, e informará anualmente sobre el estado que guarde” En efecto, cada gobierno debe exponer ante el Senado de la República cómo asumirá la delicada tarea de generar y perfeccionar la seguridad pública.

En la actual administración, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó al Senado de la República el primero de febrero de 2019 la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, misma que la Cámara Alta aprobó el 16 de mayo de 2019. La estrategia integró como objetivos prioritarios, los ejes que planteados en el Programa Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.  El diagnóstico que expone la Estrategia es contundente y quizá podría resumirse en la siguiente cita:

“Cuando las instituciones son incapaces (…) fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.

Bajo este antecedente, los objetivos de la Estrategia son: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3. Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; 4. Regeneración ética de la sociedad; 5. Reformular el combate a las drogas; 6. Emprender la construcción de la paz; 7. Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios; 8. Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz.   

En evidencia, se vinculan los campos generales de la seguridad pública, con la política social, la ética en las acciones públicas, privadas y sociales, y con una ponderación distinta de la seguridad pública al seno de la seguridad nacional.  Una postura relevante de la estrategia en comento es que coloca la seguridad pública como un tema de la seguridad nacional, esto es, la nación está insegura, y en los hechos así es. Básicamente la nueva administración señaló con esta tesis que centrarse en el tema del narcotráfico resultaba inviable a mediano y largo plazo, sin acciones que en realidad confrontaran la delincuencia organizada a través del sistema financiero, la procuración de justicia y la inteligencia fiscal. 

Es una paradoja que en México se duplicaran los recursos públicos para seguridad y justicia en sólo diez años, mientras que el número de delitos se incrementó de manera sistemática, en particular, los delitos que afectan la vida, el bienestar y la propiedad de la mayoría de la ciudadanía.

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